Desde el pasado 1 de octubre de 2025, restaurantes y supermercados del Reino Unido han dejado de ofrecer rellenos ilimitados de bebidas azucaradas a sus clientes, una medida que busca frenar la creciente epidemia de obesidad infantil en el país. Entre los productos afectados se incluyen refrescos de cola, chocolate caliente y cafés con moca, mientras que las versiones sin azúcar, como Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta Zero o Pepsi Max, siguen permitiendo el relleno ilimitado.
Cadenas de comida rápida y establecimientos de precio accesible, como Toby Carver, conocido por su popular Sunday Roast en la Inglaterra rural, o Nando’s, especializado en pollo asado portugués, han suspendido la oferta de relleno ilimitado durante las comidas. La medida ha generado malestar entre los consumidores, especialmente los jóvenes, que han expresado su enfado en redes sociales, publicando comentarios irónicos sobre supuestas sanciones a clientes y camareros por repetir sus bebidas de forma gratuita.
El Ministerio británico de Sanidad ha defendido la norma, argumentando que la obesidad infantil impide un crecimiento adecuado y puede generar graves problemas de salud en la vida adulta, generando además un gasto millonario para el sistema sanitario. “Se trata de una medida fundamental para reorientar la estrategia del tratamiento hacia la prevención, y garantizar que cada niño tenga un comienzo saludable y feliz en la vida”, señaló un portavoz del ministerio.
Esta legislación fue redactada originalmente en 2020 por el Gobierno conservador, pero la pandemia y la inestabilidad política provocaron que se pospusiera su aplicación. Su entrada en vigor ahora ha colocado al Ejecutivo laborista de Keir Starmer frente a una polémica en redes sociales, donde algunos usuarios critican la medida y otros la interpretan como una “batalla política” por la eliminación de un privilegio popular entre los jóvenes.
Según los estudios previos del Gobierno, las promociones de relleno ilimitado afectan directamente las preferencias alimenticias de los consumidores, sobre todo de los menores, y su ubicación estratégica en tiendas y restaurantes potencia aún más su consumo. La ley establece además criterios para que los establecimientos estén sujetos a la norma, incluyendo un mínimo de 50 empleados y una lista amplia de productos azucarados cuya promoción debe limitarse, más allá de las bebidas.
A pesar de la polémica y la resistencia de algunos clientes, el Ejecutivo defiende la medida como un paso esencial en la prevención de la obesidad infantil y en la promoción de hábitos alimenticios más saludables desde la infancia, esperando que con el tiempo contribuya a reducir los problemas de salud asociados y el gasto público en sanidad.
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